Recaudar a base de sangrar al turista

La clase media es la gran pagana de la crisis. Los Estados ya no saben de dónde sacar dinero y los magos fiscales están rebuscando tasas y tributos en la chistera para pagar las irresponsabilidades de los gobernantes de distinto signo. Es el caso de las tasas que van a gravar el turismo, tanto en los EEUU como en Alemania.

En el país norteamericano, la entrada en vigor de la medida ocurrirá el próximo miércoles 8 de septiembre. Seguro que los viajeros que hayan pensado visitar los EEUU a partir de esa fecha ya habrán tenido que abonar los 10 dólares cuando hayan solicitado su permiso de entrada a través del sistema ESTA. No hay forma más clara y rotunda de decirle al visitante que no nos interesa, que para nosotros sólo es una máquina de hacer dinero. Un dólar andante.

Habrá que esperar a ver los efectos de semejante medida sobre las llegadas de turistas al país. El objetivo que persigue el Gobierno estadounidense es financiar la empresa federal que se encargará de la promoción de los EEUU en el exterior. Pero es que esto es el mundo al revés. Si a los EEUU le interesa lavar su imagen en el mundo de potencia imperialista, e interesada, que sean los estadounidenses los que carguen con este coste, y no los visitantes del país norteamericano. Es como si aquí, cuando construimos una infraestructura que usarán turistas extranjeros, les cobrásemos por adelantado alegando que ellos también la utilizarán. Quizá sea este el nuevo modelo económico a seguir.

El caso de Alemania es más sangrante aún por tratase de un país europeo. Que estas cosas ocurran en los EEUU, donde el sistema de valores económicos hace que se pague casi por todo lo público, puede tener un pase porque es una costumbre arraigada y asentada en el pensamiento estadounidense. Pero, ¿en Alemania? País al que, según datos de 2007, acudieron 24,42 millones de turistas, ocupando el séptimo lugar en el ranking de visitantes. No tiene mucho sentido, excepto el afán recaudatorio. El Gobierno de Angela Merkel ha aprobado el cobro de unas tasas de entre 40 y 8 euros a los viajeros que lleguen por avión, según procedan de vuelos intercontinentales o de corto radio.

Alemania es un país bellísimo, con un potencial abrumador y que siempre hemos defendido en este medio (y lo seguiremos haciendo a nivel turístico), pero la decisión de gravar a los viajeros que lleguen por el aire es desacertada. En un contexto en el que los movimientos de turistas dentro de Europa se están recuperando muy levemente, adoptar esta medida sólo puede traer problemas, como ya han avisado varios actores del sector turístico alemán.

Sin respuestas sobre el accidente de Spanair

Dos años después del accidente del vuelo JKK5022 de Spanair en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, aún no se conocen las causas exactas del mismo. Este hecho habla muy mal de las autoridades judiciales que tienen abierta la investigación para depurar responsabilidades criminales y de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), que s encarga de la parte técnica.

Hace dos días, la CIAIAC publicó un informe de evolución sobre la investigación en el que no se aportan datos nuevos y se sigue apuntando a un error humano como causa del accidente en el que perecieron 154 personas, familias incluidas. La situación actual es totalmente irrespetuosa con los supervivientes del suceso y con los familiares de los fallecidos, que en el segundo aniversario aún no tienen respuesta a sus preguntas. Desde aquí queremos mostrarles nuestro máximo apoyo.

Y es que, tras dos años de instrucción por un juzgado madrileño, sólo se encuentra imputado en el caso el técnico que despachó el avión después de “arreglar” la avería que provocaba el relé que controlaba el sistema de avisos y la sonda de temperatura. Al desconectar el mecanismo por el que se informaba a los pilotos sobre si el aparato estaba en correctas condiciones para despegar, estos no pudieron darse cuenta de que los flaps y slats no estaban en la posición adecuada. Despegaron y el avión no logró sustentarse, provocándose la caída. Esta es la principal hipótesis de la investigación.

Es necesaria una respuesta concluyente sobre lo que pasó y que se depuren las responsabilidades penales que puedan existir. ¿Por qué despegó un avión que no dejaba de dar problemas? Por qué esos problemas, que venían de días anteriores, no habían provocado que el avión pasase a inspección inmediatamente? ¿Presionó algún responsable de Spanair al técnico y los pilotos para volar el aparato?

Los trabajadores de Metro de Madrid pierden la razón

La huelga total que los trabajadores de Metro de Madrid, y en especial el colectivo de conductores, mantiene para protestar por la bajada de un 5% en su salario es manifiestamente ilegal. Y lo es porque no respeta los servicios mínimos estipulados por la Comunidad de Madrid. Unos servicios mínimos reconocidos en el artículo 28.2 de la Constitución Española y en el artículo 37, donde también se recoge la fuerza vinculante de los convenios y la negociación colectiva.

La cuestión que no quieren ver los empleados del suburbano madrileño es que el derecho a la huelga tiene unos límites, mayores cuando se trata de un servicio público. Y las líneas rojas se encuentran en el perjuicio que pueden ocasionar a una colectividad de clientes, como está sucediendo en estos momentos, cuando millones de personas se verán afectadas por los paros salvajes del Metro de Madrid. Entre ellos turistas que se van a llevar una pésima impresión de la ciudad de Madrid y de su transporte público. Todo no vale y, precisamente por eso, existen las leyes.

Si los trabajadores de Metro quieren protestar contra el incumplimiento de su convenio colectivo tienen a su alcance vías legales, como el recurso a los tribunales. Claro, que esto lleva su tiempo y no es tan inmediato como una huelga de 24 horas, que supone una presión enorme para usuarios (trabajadores como los del Metro a fin de cuentas) y Comunidad de Madrid. Es más fácil perjudicar a dos millones de personas y usarlos de rehenes para conseguir unos objetivos, que usar las fórmulas legales que están al alcance del común de los ciudadanos, el que con sus paros no puede perjudicar a dos millones de personas.

Si los responsables de Metro de Madrid son coherentes, lo inmediato es denunciar la huelga en los tribunales por su manifiesta ilegalidad. Lo siguiente es abrir expedientes disciplinarios a los piquetes que han impedido la prestación de los servicios mínimos y a los empleados que debían cumplirlos y no lo han hecho, para acabar con un despido disciplinario. Los clientes de Metro, que pagan con sus impuestos y con la compra de billetes el buen funcionamiento del servicio, deberían exigir estos despidos y el reembolso de los viajes que no han podido disfrutar.

Este tipo de situaciones no se pueden permitir en un país con 5 millones de demandantes de empleo y una economía improductiva y sin crecimiento. Los trabajadores de Metro no son conscientes de que cuando entran a trabajar en la compañía pasan a prestar un servicio público y eso conlleva una serie de renuncias. Como sucede con los policías o los militares, profesionales que tienen el derecho a la huelga vedado. Y todo esto nos pasa por la ausencia de una Ley de Huelga.