¿En qué ha gastado 6 millones la Asociación Turismo de Madrid?

La ATM es el ejemplo de cómo se cocinan los asuntos en la política española: desvío de fondos públicos a entidades privadas que no están obligadas a dar explicaciones. Y, de comparsa, la Comunidad de Madrid, que elude sus obligaciones legales.

Ignacio Aguado, presidente de Ciudadanos Madrid; Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid; y Carlos Chaguaceda, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid | Foto: Comunidad de Madrid

La Asociación Turismo de Madrid (ATM) no ha justificado el uso de más de 6 millones de euros que ha recibido entre 2013 y 2014. El dato ha sido publicado en un informe del Tribunal de Cuentas del pasado mes de julio y muestra los defectos que siguen imperando en los sistemas de control del dinero público.

Con todo, lo más grave de la denuncia que efectúa el Tribunal de Cuentas es que la Comunidad de Madrid, y en concreto la Dirección General de Turismo, ocupada por Carlos Chaguaceda, no haya exigido a la ATM que justifique en qué ha gastado estas cantidades. De esta manera, el organismo que dirige y controla el turismo en la región hace dejación de sus obligaciones legales y evita una más que probable sanción a la ATM que le inhabilitaría para recibir más subvenciones y contratar con la administración.

La ATM es un ejemplo más de cómo se deriva el dinero público a entidades opacas y se sustrae del control de la ciudadanía. Esta asociación se creó en 2010 para aunar los esfuerzos del sector público y privado en la promoción de la Comunidad de Madrid y en la mejora del turismo que se atrae a esta región. Para desarrollar estas funciones, el Gobierno madrileño contaba con diferentes organismos públicos, pero los gestores que la ex presidenta Esperanza Aguirre (Partido Popular, PP), bajo cuyo mandato se puso en marcha la ATM, entendieron que la mejor forma de colaborar con el sector empresarial era crear una asociación privada. Y así se derivaron millones desde el sector público al privado. La práctica se mantuvo bajo la presidencia de Ignacio González.

A pesar de la Ley de Transparencia y de las buenas palabras de Cristina Cifuentes (PP), actual presidenta de la Comunidad de Madrid, y del partido político Ciudadanos, dirigido en la región por Ignacio Aguado (a la izquierda en la foto, junto a la presidenta y Chaguaceda), sobre la garantía de acceso a la información pública, la ATM sigue siendo una entidad opaca. Este medio ha intentado conocer las cuentas de esta organización, en qué gasta el dinero público que recibe, cuánto cobran sus cargos y otros detalles. La respuesta ha sido el silencio y, después, la negativa explícita a facilitar el acceso del tribunal administrativo que debe resolver estos temas.

Es decir, que aunque los madrileños hayan financiado a esta asociación con más de 15 millones de euros, no tienen derecho a saber en qué se ha gastado ese dinero. Barra libre. Este comportamiento no es extraño, es al que nos tienen acostumbrados las instituciones políticas españolas y es uno de los motivos del guirigay político que reina en el país mediterráneo.

También es poco tranquilizador que las propias empresas que forman parte de esta asociación no obliguen a sus responsables a cumplir con la Ley de Transparencia y hacer pública toda su información. Y no hablamos de cualquier empresa, sino de algunos de los principales gigantes de la industria turística española. Iberia, Barceló, AC Hoteles, Meliá o Grupo Juliá están asociados a esta opacidad en el manejo de fondos públicos. Real Madrid y Atlético de Madrid, junto con otras enseñas como la cervecera Mahou también son cómplices de esta actitud. Como grandes corporaciones, ellos sí están obligadas a publicar sus cuentas económicas cada año, bien sea en el Registro Mercantil correspondiente o en su propia web.

Conocer en qué se gasta el dinero público no es un capricho. Es la forma de valorar si las acciones a las que estaban destinados esos fondos han sido efectivas a la vista de los resultados. Más en un sector como el turismo, que genera el 9% de la riqueza en la Comunidad de Madrid. Por no hablar, que es motivo más que suficiente, del hecho de que el acceso a la información es un derecho constitucional. Por mucho que les pese a muchos gobiernos y ciertas organizaciones.