Controladores menos altivos a base de real decreto-ley

La decisión de José Blanco, ministro de Fomento, apoyada por el Gobierno, de eliminar a base de real decreto-ley los privilegios de los controladores aéreos ha sido un mal necesario. Estos profesionales habían asegurado, con el paso de los años, una serie de condiciones laborales que sólo servían para beneficiarlos a ellos en detrimento de la calidad del servicio que prestaban. Por ejemplo, poder retirarse a los 52 años y seguir cobrando sus elevados sueldos sin hacer nada, lo que se daba en llamar “licencia retribuida”.

Lo que ha llevado a los controladores a esta situación no ha sido, sólo, la posibilidad de crear problemas en los aeropuertos, retrasando y cancelando vuelos en Semana Santa. Detrás de esta decisión salomónica de Fomento se encuentra la futura privatización de AENA. Y es que un sistema aeroportuario público no se podía permitir el lujo de tener a profesionales cobrando una media de 250.000 euros anuales. Pero además, a ninguna empresa le iba a resultar interesante una empresa como AENA con una carga como esta.

El precedente de la actuación de Blanco hay que buscarlo el 7 de agosto de 1981, cuando Ronald Reagan, presidente de los EEUU, decidió despedir a más de 12.000 controladores aéreos que estaban llevando a cabo una huelga. Reagan no se anduvo con tonterías, y ante la petición de subidas de sueldo y más privilegios, tras intentar negociar, cortó por lo sano una “insurrección” que provocó que el turismo en Nueva York cayese por primera vez en cinco años.

Aquí es donde está la otra explicación a la decisión de Fomento. En una situación de crisis que ha llevado a España a recibir un 8% menos de viajeros en 2009 no se podía permitir una “huelga de celo” sin fecha de finalización en la que se retrasasen y cancelasen vuelos, lo cual abría influido muy negativamente en el turismo de Semana Santa.

Ahora los controladores tendrán que negociar su convenio colectivo bajo unas condiciones radicalmente distintas, pero más racionales. Aquí sí se puede decir que la avaricia ha roto el saco. Tienen su posibilidad a recurrir el decreto-ley, pero será difícil y largo que la justicia les dé la razón y máxime cuando la gestión aérea es un servicio público.