Los trabajadores de Metro de Madrid pierden la razón

La huelga total que los trabajadores de Metro de Madrid, y en especial el colectivo de conductores, mantiene para protestar por la bajada de un 5% en su salario es manifiestamente ilegal. Y lo es porque no respeta los servicios mínimos estipulados por la Comunidad de Madrid. Unos servicios mínimos reconocidos en el artículo 28.2 de la Constitución Española y en el artículo 37, donde también se recoge la fuerza vinculante de los convenios y la negociación colectiva.

La cuestión que no quieren ver los empleados del suburbano madrileño es que el derecho a la huelga tiene unos límites, mayores cuando se trata de un servicio público. Y las líneas rojas se encuentran en el perjuicio que pueden ocasionar a una colectividad de clientes, como está sucediendo en estos momentos, cuando millones de personas se verán afectadas por los paros salvajes del Metro de Madrid. Entre ellos turistas que se van a llevar una pésima impresión de la ciudad de Madrid y de su transporte público. Todo no vale y, precisamente por eso, existen las leyes.

Si los trabajadores de Metro quieren protestar contra el incumplimiento de su convenio colectivo tienen a su alcance vías legales, como el recurso a los tribunales. Claro, que esto lleva su tiempo y no es tan inmediato como una huelga de 24 horas, que supone una presión enorme para usuarios (trabajadores como los del Metro a fin de cuentas) y Comunidad de Madrid. Es más fácil perjudicar a dos millones de personas y usarlos de rehenes para conseguir unos objetivos, que usar las fórmulas legales que están al alcance del común de los ciudadanos, el que con sus paros no puede perjudicar a dos millones de personas.

Si los responsables de Metro de Madrid son coherentes, lo inmediato es denunciar la huelga en los tribunales por su manifiesta ilegalidad. Lo siguiente es abrir expedientes disciplinarios a los piquetes que han impedido la prestación de los servicios mínimos y a los empleados que debían cumplirlos y no lo han hecho, para acabar con un despido disciplinario. Los clientes de Metro, que pagan con sus impuestos y con la compra de billetes el buen funcionamiento del servicio, deberían exigir estos despidos y el reembolso de los viajes que no han podido disfrutar.

Este tipo de situaciones no se pueden permitir en un país con 5 millones de demandantes de empleo y una economía improductiva y sin crecimiento. Los trabajadores de Metro no son conscientes de que cuando entran a trabajar en la compañía pasan a prestar un servicio público y eso conlleva una serie de renuncias. Como sucede con los policías o los militares, profesionales que tienen el derecho a la huelga vedado. Y todo esto nos pasa por la ausencia de una Ley de Huelga.

Huelgas que perjudican al cliente más que a la empresa

Unas vacaciones sin huelga no son vacaciones. Los sindicatos de transportes que prestan un servicio público suelen dejar para vísperas de festividades importantes la celebración de paros para luchar por sus derechos. Esta vez ha tocado en Renfe, el día antes del inicio oficial de la Semana Santa, cuando muchos usuarios tomarán su tren para dirigirse a sus lugares de descanso. Algunos podrán objetar que el AVE no es un servicio público: de acuerdo; pero las Cercanías y la Media Distancia sí lo son.

Ya hemos defendido en multitud de ocasiones que la huelga en nuestro país, dentro de los servicios públicos, sirve no sólo para protestar contra determinadas condiciones de trabajo o acuerdos laborales, sino para tomar a los clientes del servicio como rehenes. Como ejemplo, la de los trabajadores aéreos. El problema no es de los sindicatos, que aprovechan una legislación favorable a estos desmanes. El problema es que España no cuenta con una Ley de Huelga que regule este derecho, que algunos usan para extorsionar.

El derecho a la huelga en nuestro país se rige por un Real Decreto-Ley sobre Relaciones de Trabajo de 1977, es decir, preconstitucional. En 33 años, ningún Gobierno ha tenido los arrestos suficientes para desarrollar una normativa que en muchos puntos es anticonstitucional. Ninguna huelga es legítima y justa si con ella se perjudica al ciudadano que sufraga los servicios de transporte con sus impuestos. Y así debería estar recogido en la ley.

Todavía hay que dar gracias de que el Ministerio de Fomento haya decidido establecer unos mínimos que cubren algo más del 70% de los servicios. También habría que plantearse si el usuario debe pagar por este pésimo producto. Claro, la diferencia es que, legalmente, si el cliente usa el tren sin haber abonado el billete por el mal funcionamiento del servicio está expuesto a fuertes sanciones. Mientras, los sindicatos convocantes, que son la consecuencia de ese mal funcionamiento, no sufren ningún castigo.

Derecho a la huelga: por supuesto, es obligatorio y necesario en toda democracia. Pero siempre y cuando se regule convenientemente con una premisa básica: que sirva para dañar al empresario, no al cliente. Y también estaría bien que se desarrollase definitivamente, a nivel europeo, una normativa para la protección de los derechos del pasajero ferroviario. Muchas de estas tonterías se acabarían.

Controladores menos altivos a base de real decreto-ley

La decisión de José Blanco, ministro de Fomento, apoyada por el Gobierno, de eliminar a base de real decreto-ley los privilegios de los controladores aéreos ha sido un mal necesario. Estos profesionales habían asegurado, con el paso de los años, una serie de condiciones laborales que sólo servían para beneficiarlos a ellos en detrimento de la calidad del servicio que prestaban. Por ejemplo, poder retirarse a los 52 años y seguir cobrando sus elevados sueldos sin hacer nada, lo que se daba en llamar “licencia retribuida”.

Lo que ha llevado a los controladores a esta situación no ha sido, sólo, la posibilidad de crear problemas en los aeropuertos, retrasando y cancelando vuelos en Semana Santa. Detrás de esta decisión salomónica de Fomento se encuentra la futura privatización de AENA. Y es que un sistema aeroportuario público no se podía permitir el lujo de tener a profesionales cobrando una media de 250.000 euros anuales. Pero además, a ninguna empresa le iba a resultar interesante una empresa como AENA con una carga como esta.

El precedente de la actuación de Blanco hay que buscarlo el 7 de agosto de 1981, cuando Ronald Reagan, presidente de los EEUU, decidió despedir a más de 12.000 controladores aéreos que estaban llevando a cabo una huelga. Reagan no se anduvo con tonterías, y ante la petición de subidas de sueldo y más privilegios, tras intentar negociar, cortó por lo sano una “insurrección” que provocó que el turismo en Nueva York cayese por primera vez en cinco años.

Aquí es donde está la otra explicación a la decisión de Fomento. En una situación de crisis que ha llevado a España a recibir un 8% menos de viajeros en 2009 no se podía permitir una “huelga de celo” sin fecha de finalización en la que se retrasasen y cancelasen vuelos, lo cual abría influido muy negativamente en el turismo de Semana Santa.

Ahora los controladores tendrán que negociar su convenio colectivo bajo unas condiciones radicalmente distintas, pero más racionales. Aquí sí se puede decir que la avaricia ha roto el saco. Tienen su posibilidad a recurrir el decreto-ley, pero será difícil y largo que la justicia les dé la razón y máxime cuando la gestión aérea es un servicio público.

De malnacidos que se aprovechan del anonimato

Nos podrán acusar de lo que quieran, pero sólo somos culpables de una cosa: la defensa de los derechos del cliente. Y es que esa fue una de las motivaciones por las que nació este portal. Los tripulantes de cabina (TCP) de Iberia están en huelga, otra vez. Quieren presionar a la compañía para que acepte sus reivindicaciones en la negociación de su XVI Convenio Colectivo. Nos parece bien, están en su derecho. Pero ese derecho acaba cuando se toma como rehenes a más de 40.000 pasajeros. Clientes que han pagado su billete antes de saber que esos días habría una huelga de TCP.

No se equivocan los tripulantes al creer que van a hacer daño a Iberia con estos paros. Se lo van a hacer, y mucho. Pero sí que se confunden si piensan que ellos no van a salir perjudicados. Porque Iberia les garantiza el sueldo, pero la subsistencia de la compañía está asegurada por los millones de clientes que viajan con la misma. Ergo, los puestos de trabajo de los TCP existen porque existen los pasajeros. Dando esta imagen tan pésima, perjudican a Iberia y a la vez a sus propios empleos. Y, si no, tiempo al tiempo. La gente se está cansando: ya son muchos los que optan por viajar en tren por su comodidad.

Quizá lo políticamente correcto sea no criticar el derecho a la huelga. Pero nosotros lo hacemos, porque lo que es un derecho conseguido con el sudor y los padecimientos de muchos, otros lo convierten en un abuso. Desde aquí lo hemos reclamado en diversas ocasiones: debe regularse por el Parlamento una Ley de Huelga en la que se contemplen extremos como los paros en los servicios públicos. Porque esto ya es inaceptable.

Decimos todo esto a colación de la noticia que publicamos ayer y que tan criticada ha sido. Este portal siempre estará abierto a las críticas y a los comentarios, cuando no se insulte en los mismos. No se nos puede acusar de partidistas, porque siempre hemos publicado las dos versiones del contencioso: sindicatos y empresa. Ahí está el archivo de noticias para corroborarlo. El único cargo que se nos puede imputar es el de servir de plataforma para que cada uno de los 40.000 afectados, si lo consideran adecuado, nos cuenten su problema y lo denuncien. Sí, en eso no somos neutrales, porque el cliente es el pilar de cualquier empresa. Y los TCP trabajan para el cliente.

Repetimos: los comentarios están abiertos, nuestros correos están a disposición de los lectores, tanto para los afines como para los contrarios. Pero claro, es más fácil acomodarse en el anonimato que permite Internet para desprestigiar e insultar. Pues quienes llevan a cabo esta actitud tan fascista sólo merecen un calificativo: estúpidos y malnacidos. Y eso para ser respetuoso y no seguir su misma línea de actuación.

QUE QUEDE CLARO QUE NO DEFENDEMOS A IBERIA. Vamos a ponerlo en mayúsculas y negrita, a ver si así todos nos enteramos. Esta compañía aérea no nos ha pagado nada, nunca hemos firmado un contrato publicitario con la misma. Cuando se le ha tenido que criticar, se le ha criticado. Y si no se lo creen, revisen la hemeroteca. Iberia está gestionando mal la crisis y no ayuda a los viajeros. Esto también se cuenta en la noticia, que, por cierto, está firmada. A nosotros no nos asusta dar la cara, aunque a veces escueza.

Y para terminar queremos recordar que si en Iberia lo están pasando mal, no queremos imaginarnos cómo estarán los empleados de Air Comet. Llevan meses sin cobrar y han seguido trabajando. Es ahora, cuando se da una situación LÍMITE, el momento en el que van a realizar un paro total en la compañía. Queda todo dicho.

Air Comet: el principio de una época de conflictos en el sector aéreo

Los conflictos empiezan a surgir en uno de los eslabones que peor está pasando la crisis: las aerolíneas. En los últimos meses se ha producido el cierre de varias líneas aéreas en nuestro país, aunque ninguna de gran envergadura. Lo que sucede ahora en Air Comet (que esperamos no tenga que recurrir a la drástica decisión de dar cerrojazo) es una constante en casi todos los ámbitos de la economía: la falta de liquidez, que imposibilita hacer frente a muchas obligaciones. Y, al final, los perjudicados siempre acaban siendo los mismos: los empleados, que se encuentran en una situación personal difícil al no poder hacer frente a sus pagos.

Si no hay acuerdo antes, el jueves 6 de agosto los trabajadores de handling de la aerolínea propiedad de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual realizarán una huelga de cuatro horas diarias, que seguirá en días sucesivos. Como medida de presión es entendible, máxime cuando existe un acuerdo firmado en mayo por el que Air Comet se comprometía a pagar los salarios a sus trabajadores los cinco primeros días de cada mes, que no se está cumpliendo. El contencioso en Air Comet se puede endurecer aún más, puesto que los pilotos, los TCP (personal de cabina) y los trabajadores de los servicios generales (administración) están en la misma situación y llevan meses sin cobrar. Y una huelga de estos colectivos afectaría a los pasajeros sin ninguna duda.

Sin embargo, el problema es más de fondo, ya que conseguir liquidez a través de un préstamo bancario en los tiempos que corren es complicado, incluso para Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, patronal de los empresarios. Y es que las cosas no van bien en la aerolínea del Grupo Marsans. En diciembre de 2008 la filial chilena de Air Comet se sumió en la quiebra y tuvo que ceder los vuelos que operaba en el país latinoamericano a una firma con la que estaba asociada. Por su lado, en febrero, la IATA, patronal de las aerolíneas a nivel internacional, expulsaba a Air Comet de la organización por impago de 2,93 millones de euros.

Díaz Ferrán, interlocutor con el Gobierno en nombre de los empresarios, debería exigirle al ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que los bancos abran la espita del circulante para poder financiar los desfases de tesorería que todas las empresas solventes llevan a cuestas. Además Díaz Ferrán y Pascual tendrían que revisar la política de inversiones que han realizado con respecto a Air Comet y otras empresas del grupo en los últimos años y que puede estar ahogando a la aerolínea en estos momentos. Y, desde luego, tienen que pagar a sus empleados y no esperar a que la baza de Aerolíneas Argentinas y el crédito que Rodríguez Zapatero ha concedido a la República Argentina llenen las arcas de Air Comet.

Magdalena Álvarez es quien debe acudir al Congreso y no el presidente de Iberia

“Cortina de humo”. Es una estrategia que tiende a ocultar algo más grave con una acción menos importante. Eso es lo que significa la petición del grupo socialista en el Congreso de los Diputados para que Fernando Conte, presidente de Iberia, comparezca en la cámara baja y dé explicaciones sobre la situación de la compañía. Primer punto, el Congreso no es el lugar para que el máximo ejecutivo de una empresa privada dé explicaciones de nada. Las excusas y las argumentaciones las debe proporcionar Conte en una Junta de Accionistas, máximo órgano al que le debe su cargo y remuneración. Ese es su sitio. Segundo punto, Iberia no es la culpable de la situación del Aeropuerto de Barajas ni del Ministerio de Fomento. Lo que está sucediendo en la primera aerolínea española es un problema entre la empresa y los sindicatos, con un rehén en medio: los pasajeros. Barajas no se paralizó el viernes por este tema, verdadero quid de la cuestión. La nevada sólo aumentó la crisis de Iberia con sus pilotos. Pero en Barajas también opera Air Europa, Spanair, Vueling…

El caso es que aquí siempre pagan los mismos: el viajero que ha reservado con antelación su billete y que tiene que aguantar las “huelgas de celo” de los comandantes de las aeronaves y las cortas entendederas de los negociadores de la compañía. Si los pilotos están realizando una huelga sin declararla es ilegal y lo que debería hacer Iberia es preocuparse de los miles de viajeros perjudicados y reclamar judicialmente la investigación de los hechos. Así, a quienes debe dar explicaciones Fernando Conte es a los que ponen el dinero para que Iberia siga funcionando: los accionistas y los viajeros. Lo demás es un capote que el grupo socialista del Congreso echa a Magdalena Álvarez para que camufle su incompetencia. Ella es quien debe dar explicaciones.

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Paz social en Renfe… de momento

Igual que opinábamos que los sindicatos del Comité de Empresa de Renfe habían convocado una huelga que nos parecía injustificada, ahora alabamos la rapidez con la que han llegado a un acuerdo con la dirección de la ferroviaria. Esto demuestra la sensatez de los representantes sindicales ante una medida anunciada por el Gobierno, como muchas otras, pero que ni está desarrollada ni tiene pinta de estarlo hasta mucho después del verano.

Por otro lado, nos parece muy oportuna esta desconvocatoria, ya que redundará en beneficio de los pasajeros, que no tienen porqué sufrir las consecuencias de los problemas que surjan en otras ramas de la actividad de Renfe.

Por último, queremos recordar que desde esta publicación SIEMPRE vamos a defender el derecho a huelga de los trabajadores. En cualquier tipo de profesión. Es un derecho constitucional que ha costado mucho ganar. Pero siempre defenderemos un derecho a la huelga justo y responsable. Una prerrogativa que deja de ser tal cuando pisotea los derechos de una colectividad…

Paro injustificado en Renfe

Llega la época estival y llegan las tradicionales huelgas en aerolíneas y trenes. En la estepa del verano son las típicas noticias de las que nos solemos nutrir los medios y sin ellas las vacaciones parecerían menos vacaciones. Sin embargo, muchas de estas convocatorias de paro son increíblemente absurdas. Es el caso de la que van a llevar a cabo los trabajadores de Renfe entre los días 12 y 15 de julio. El motivo: la disgregación del negocio de carga de la operadora que hace poco propuso el presidente del Gobierno.

Para empezar, desde aquí queremos dejar bien claro que defendemos el derecho a la huelga (aunque, en casos como este, sea por un sinsentido). Lo que no vamos a defender nunca es que se utilice a los viajeros como rehenes y que a través de los mismos se pretenda ejercer presión sobre el Gobierno y sobre la dirección de Renfe. Siempre pagan los mismos. Y decimos esto en un doble sentido: pagan (pagamos) el billete para desplazarse y pagan (pagamos) las consecuencias de la huelga. Ya está bien. En España hace falta una Ley de Huelga renovada que regule los paros en los servicios públicos: las condiciones que se deben dar para los mismos, los servicios mínimos, las sanciones por incumplimiento y los cauces de defensa de los usuarios ante los abusos.

Los trabajadores de las aerolíneas, los ferrocarriles, el metro, los autobuses… Todos prestan un servicio público. Cuando ingresan en estos trabajos deben saber a lo que se atienen. Y deben saber que no todo vale. Porque, a lo mejor ha llegado el momento de que todos los usuarios nos pongamos en huelga un mes entero y no utilicemos los servicios ferroviarios. Si esto pasase, nos gustaría saber de dónde va a salir el dinero para pagar los salarios de estos empleados. Ya está bien.