Los trabajadores de Metro de Madrid pierden la razón

La huelga total que los trabajadores de Metro de Madrid, y en especial el colectivo de conductores, mantiene para protestar por la bajada de un 5% en su salario es manifiestamente ilegal. Y lo es porque no respeta los servicios mínimos estipulados por la Comunidad de Madrid. Unos servicios mínimos reconocidos en el artículo 28.2 de la Constitución Española y en el artículo 37, donde también se recoge la fuerza vinculante de los convenios y la negociación colectiva.

La cuestión que no quieren ver los empleados del suburbano madrileño es que el derecho a la huelga tiene unos límites, mayores cuando se trata de un servicio público. Y las líneas rojas se encuentran en el perjuicio que pueden ocasionar a una colectividad de clientes, como está sucediendo en estos momentos, cuando millones de personas se verán afectadas por los paros salvajes del Metro de Madrid. Entre ellos turistas que se van a llevar una pésima impresión de la ciudad de Madrid y de su transporte público. Todo no vale y, precisamente por eso, existen las leyes.

Si los trabajadores de Metro quieren protestar contra el incumplimiento de su convenio colectivo tienen a su alcance vías legales, como el recurso a los tribunales. Claro, que esto lleva su tiempo y no es tan inmediato como una huelga de 24 horas, que supone una presión enorme para usuarios (trabajadores como los del Metro a fin de cuentas) y Comunidad de Madrid. Es más fácil perjudicar a dos millones de personas y usarlos de rehenes para conseguir unos objetivos, que usar las fórmulas legales que están al alcance del común de los ciudadanos, el que con sus paros no puede perjudicar a dos millones de personas.

Si los responsables de Metro de Madrid son coherentes, lo inmediato es denunciar la huelga en los tribunales por su manifiesta ilegalidad. Lo siguiente es abrir expedientes disciplinarios a los piquetes que han impedido la prestación de los servicios mínimos y a los empleados que debían cumplirlos y no lo han hecho, para acabar con un despido disciplinario. Los clientes de Metro, que pagan con sus impuestos y con la compra de billetes el buen funcionamiento del servicio, deberían exigir estos despidos y el reembolso de los viajes que no han podido disfrutar.

Este tipo de situaciones no se pueden permitir en un país con 5 millones de demandantes de empleo y una economía improductiva y sin crecimiento. Los trabajadores de Metro no son conscientes de que cuando entran a trabajar en la compañía pasan a prestar un servicio público y eso conlleva una serie de renuncias. Como sucede con los policías o los militares, profesionales que tienen el derecho a la huelga vedado. Y todo esto nos pasa por la ausencia de una Ley de Huelga.

La desfachatez de algunos controladores aéreos

Este medio no se va a vender ante nadie ni va a ceder ante las amenazas de ningún colectivo. La idea que nos guía es la defensa de los intereses y los derechos de los viajeros, verdaderos motores del turismo. Son ellos quienes dar de comer a las empresas del sector, a los aeropuertos y al personal que trabaja en los mismos. Decimos todo esto porque nos parecen inauditas las declaraciones que Juan María García Gil, presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca), hacía en la edición dominical del diario El Mundo. “Somos el único colectivo capaz de derrocar a un gobierno”, así se despachaba García, recordando al Ejecutivo que una huelga de controladores “puede desestabilizar a cualquier país” y terminar con “cualquier Gobierno”.

Es impresionante que cosas como esta se puedan decir tan a la ligera en nuestro país sin que pase absolutamente nada. Después de dos meses en los que miles de viajeros de Iberia se han visto perjudicados por una supuesta “huelga de celo”, después de una nevada que paralizó el Aeropuerto de Barajas dejando a otros miles de personas varados en una situación tercermundista, aparece esto. Indigna pensar que se quiera abusar del derecho constitucional a la huelga para presionar no sólo a un Gobierno, sino a toda la sociedad. Tal prostitución de un derecho fundamental sólo es posible porque no existe una regulación legal del mismo (sólo un real decreto ley de 1977) que ponga coto a los aires divinos que se dan ciertos colectivos que controlan servicios públicos (y el aeronáutico lo es, por mucho que se empeñen algunos en negarlo). Ciertas personas creen que tener derecho significa hacer lo que nos venga en gana y se olvidan de que cada derecho implica una obligación.

Como siempre, el pasajero que paga religiosamente sus impuestos, sus tasas de aeropuerto, sus cargos de gestión y las tarifas por billetes aéreos, también paga la falta de consciencia y los privilegios de unos pocos. Y así, en nuestro querido país, se seguirán repitiendo escenas como la de los días pasados. Hombres, mujeres y niños tirados, hacinados y olvidados en un aeropuerto de un país de la Unión Europea. No nos extraña que los franceses piensen que Europa empieza en los Pirineos, al final van a tener razón.

Alabamos la actitud de la OCU de querellarse contra AENA e Iberia. SE NECESITA UNA LEY DE HUELGA que regule servicios mínimos en actividades públicas. Se necesita ya, sin más dilación. Hay que acabar con los privilegios de unos pocos que pueden poner en jaque no sólo a un Gobierno, sino a una sociedad y a todo un sistema constitucional. Ya está bien de tanta tontería y amenaza, preocupémonos de la que tenemos encima.

Actualización (15/01/2009): La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) nos ha remitido una nota que hizo pública el día que apareció la entrevista de su presidente y que reproducimos a continuación.

  • “El titular y cabecera informativa de la entrevista no responden al contenido expresado en la misma como se puede comprobar leyendo el resto del texto de la respuesta del que se ha entresacado el titular.
  • La referencia histórica a las palabras de Jimmy Carter tenía como único propósito ilustrar la importancia del servicio que se presta por nuestra profesión y nuestra responsabilidad en el ejercicio del mismo, permaneciendo al margen de cualquier significación política. En ningún caso se puede tomar esa referencia como advertencia o amenaza hacia nadie sino como reflexión de la conciencia que este colectivo tiene del servicio que presta y su compromiso de responsabilidad en la cadena de la seguridad aérea y de servicio público esencial.
  • USCA lamenta enormemente el uso tendencioso de la entrevista concedida y de la información imprecisa, inexacta e incompleta relativa a nuestro colectivo que se acompaña en páginas adyacentes.”

Trampas para resucitar a Alitalia

No debería extrañarnos que Berlusconi se disponga a cambiar la ley para salvar a Alitalia. Ya lo ha hecho en otras ocasiones y nadie ha podido pararle. Es el uso de la democracia con fines instrumentales. Que en Italia no se puedan parar los desmanes del Cavaliere ya es preocupante, pero que no se le paren los pies en Europa es inaceptable. La Comisión Europea debe vigilar de cerca, y anular si es necesario, el proceso que ha iniciado Berlusconi para sacar a Alitalia del agujero negro en el que se encuentra y, además, “fusionarla” con Air One. Se propone cambiar la ley de quiebras y preceptos de la ley antimonopolio, no con unos fines de justicia universal (propósito fundamental de las leyes en democracia), sino para una situación concreta.

Con ello afectará a la competencia dentro del propio mercado italiano, ya que esta medida se hará en detrimento de otras aerolíneas que trabajan en Italia y deben hacer frente a los vaivenes del precio del petróleo, las subidas (o bajadas de tarifas) y un sin fin más de variables. Y nadie las ayuda. Por otro lado, las firmas aéreas europeas también verán limitada su libertad de competencia. ¿Cómo se puede competir con una empresa que ha recibido subvenciones del Estado y para la que ahora se modifica la ley por su supervivencia? Lo único que se consigue con ello es crear una situación artificial de mercado.

No defendemos la desaparición de Alitalia, ni mucho menos. Lo que defendemos es que las cosas se hagan bien, dentro de la ley (concepto que Berlusconi no entenderá nunca) y de las reglas del mercado, que pueden ser mejorables, pero que han de cumplir todos sus actores. Y es que, si nosotros fuésemos una aerolínea italiana de la competencia, estaríamos un poco preocupados. Según el diario Il Sole 24 Ore, la compañía resultante tendrá una cuota de mercado del 56%, facturará 5.000 millones de euros y obtendrá beneficios por valor de 250 millones.

Los portátiles no tienen presunción de inocencia en EEUU

La paranoia de las autoridades estadounidenses no tiene límite. El pasado viernes el diario The Whasington Post (también Vía Gatling) publicaba un artículo en el que explicaba que en virtud de una nueva normativa, las autoridades de inmigración de los aeropuertos norteamericanos pueden requisar cualquier aparato electrónico susceptible de almacenar contenidos. Es decir, que los “amables” señores que nos encontramos en las aduanas estadounidenses pueden requisarnos nuestro portátil, teléfono móvil, pendrive, tarjeta de memoria… para investigar cuál es su contenido, hacer copias del mismo, estudiarlo e incluso compartirlo con otras autoridades federales. Por si somos delincuentes o terroristas.

Si esto fuera poca intromisión, para que nos requisen el aparato no es necesario que estemos en una situación sospechosa. Lo pueden hacer a su libre arbitrio. Y, además, no lo tienen porqué devolver en el acto. Otra muesca más en la lista de derechos pisoteados por parte de las autoridades norteamericanas en pro de una supuesta seguridad.

Lo más impresionante del tema es que nadie ha protestado por estos abusos. Excepto, claro está, las muy activas asociaciones de derechos civiles estadounidenses y algunos grupos de viajeros, que al final lograron que estas políticas se publicasen, ya que llevaban activas desde el 16 e julio. Y es que a algunos se les puso “la mosca detrás de la oreja” cuando en diferentes sitios se denunció que los agentes de inmigración requisaban portátiles, móviles, etcétera.

Es una política interna de los Estados Unidos, pero que pisotea los derechos más fundamentales a la intimidad, el honor y a la no discriminación, ya que muchas requisas se realizarán por cuestiones étnicas… Como mínimo, la Unión Europea debería elevar una queja formal a las autoridades norteamericanas, aunque sirva de poco. En cualquier caso: avisados estamos.

Abusos en el transporte del equipaje

La ley es muy clara: “El transportista estará obligado a transportar juntamente con los viajeros, y dentro del precio del billete, el equipaje, con los límites de peso y volumen que fijen los Reglamentos. El exceso será objeto de estipulación especial”. El equipaje propiamente dicho, y no el exceso, no debe cobrarse en la facturación al cliente. Esta es una práctica que se ha mantenido durante años, pero en los últimos tiempos algunas aerolíneas (fundamentalmente de bajo coste) están incumpliendo la normativa.

Las acciones de entidades como Facua o la Comunidad de Madrid nos parecen loables, y cumplen perfectamente con su función de evitar abusos de los que muchas veces los pasajeros no tienen conocimiento. Sin embargo, no es menos cierto que el precepto que regula la facturación del equipaje se encuentra en una ley de hace 48 años, cuando el transporte aéreo no tenía absolutamente nada que ver con el que se realiza hoy en día.

Las firmas aéreas, aún a riesgo de incumplir la ley, han visto en el cobro del equipaje una forma de diversificar sus ingresos en un mercado de transporte masificado. Sería bueno plantearse, desde un punto de vista objetivo, si el traslado del equipaje del viajero debe considerarse como un servicio por el que pagar. Y, si se llega a esta conclusión, habría que habilitar unos mecanismos de defensa por parte del consumidor con los que pueda denunciar los extravíos de sus maletas y reclamar de una forma efectiva indemnizaciones a las compañías aéreas. En pocas palabras: un sistema sancionador que funcione y que dé al viajero el protagonismo para exigir el cumplimiento de sus derechos.

El ‘todo vale’ legal de las ‘low cost’

Hay que acabar definitivamente con los abusos de las compañías de bajo coste. Abusos permitidos por la ley, que ya tiene bemoles. El Parlamento Europeo ha dado un gran paso al exigir a todas las aerolíneas la inclusión en los precios que publiciten de todas las tasas y cargos aplicables, con el objetivo de no engañar al consumidor. Sin embargo, en la cuestión de los vuelos cancelados, aún queda mucho por hacer.

El reglamento 261/2004 de la Unión Europea, que regula los derechos de los pasajeros, garantiza que si una compañía aérea suspende un vuelo, la firma debe reubicar a los afectados en otro que tenga igual destino, proporcionarles alojamiento y una indemnización, entre otros derechos. Excepto para los billetes con precio reducido. Aquí está el tecnicismo legal que usan ciertas líneas de bajo coste para anular vuelos sin previo aviso y sin hacerse cargo de los pasajeros afectados. Toda una vergüenza cuya corrección debe instar la Dirección General de Aviación Civil, responsable del cumplimiento de este reglamento.

De esta forma, casos recientes como los de Easyjet no sucederían, al menos no dejarían desprotegidas a personas que han hecho una serie de planes contando con un vuelo que nunca existió.

Crisis aeronáutica y turística

El negocio de las aerolíneas, y la propia existencia de las mismas, está en peligro hoy y en el futuro. El petróleo, uno de los costes principales de las compañías aéreas, estrangula doblemente a estas firmas. Por un lado con unos precios en continúa escalada y que han llegado para quedarse definitivamente. Por otra parte, la obligación de las aerolíneas que operen en Europa de pagar por sus emisiones de CO2 (derivadas del uso de combustible) viene a agravar aún más el estado de muchas líneas aéreas. Es cierto que esta medida no entrará en vigor hasta 2012, dentro de cuatro años, pero también es verdad que sumará otro coste a la cuenta de resultados de estas firmas, de por sí ya muy ajustados.

Manuel Panadero, director de relaciones institucionales de Air Europa, ha tenido la deferencia de hablar con revista80dias.es y el análisis que ha hecho de la situación, aunque precavido, no es nada halagüeño. Según este directivo de una de las líneas españolas más potentes, el sector aeronáutico está gravemente amenazado. Y con él todo lo que arrastra detrás: el turismo que mueven los vuelos, las reuniones de negocio, los propios trabajadores de las aerolíneas, el personal de tierra. Y es que, como casi todo en la vida, la decisión de hacer pagar a las aerolíneas por emitir CO2 es el primer paso en un círculo que conllevará una subida de tarifas, una reducción de vuelos, una bajada en la demanda, una reducción de puestos de trabajo, una… Y así hasta el infinito.

Panadero ha sido muy claro y ha comentado que las aerolíneas quieren contribuir a la reducción de las emisiones de CO2 (estas compañías representan el 3% de los gases emitidos a nivel mundial), pero con otras alternativas realmente válidas y beneficiosas. La primera de ellas es continuar con la fabricación y adquisición de aviones más eficientes, que gasten menos combustible. La segunda es el desarrollo inmediato del cielo único europeo. Según Panadero, este paso lograría una reducción en las emisiones del 10% anual (un 7% de lo que quiere conseguir la UE con la propuesta aprobada). Y en tercer lugar, una política de penalización, a nivel administrativo, para aquellas aerolíneas que cuenten con aviones más contaminantes. Son medidas que contribuirían a la reducción de las emisiones y que no supondrían costes adicionales para las aerolíneas. Sin embargo, se queja el directivo de Air Europa, en la UE no les escuchan y no las tienen en cuenta, ¿por qué? ¿Qué va a hacer el Gobierno español frente a esto?

Todo incluido en los precios de las aerolíneas

Las reacciones a la decisión del Parlamento Europeo de obligar a las aerolíneas a publicar sus precios con todas las tasas, impuestos y cargos incluidos no se ha demorado e incluso ha cruzado el Atlántico. En Gatling, uno de los blogs de referencia de la comunidad de viajeros, se han hecho eco de la noticia. Desde revista80dias.es también felicitamos al Parlamento por dar este paso, ya que los abusos que se cometían al anunciar los precios eran poco justificables. Y es que algunas compañías llegaban a anunciar tarifas de un euro por vuelo, pero que posteriormente podría llegar hasta los 30 ó 40 euros de coste al sumarle tasas e impuestos. Se podrá argumentar que este precio podría no ser caro comparado con otras ofertas. Es verdad, pero el fondo de la cuestión es que para llegar hasta él, el viajero había sido engañado con una oferta inexistente. Esto no se lo puede permitir una empresa medianamente seria y mucho menos la Unión Europea.

Paz social en Renfe… de momento

Igual que opinábamos que los sindicatos del Comité de Empresa de Renfe habían convocado una huelga que nos parecía injustificada, ahora alabamos la rapidez con la que han llegado a un acuerdo con la dirección de la ferroviaria. Esto demuestra la sensatez de los representantes sindicales ante una medida anunciada por el Gobierno, como muchas otras, pero que ni está desarrollada ni tiene pinta de estarlo hasta mucho después del verano.

Por otro lado, nos parece muy oportuna esta desconvocatoria, ya que redundará en beneficio de los pasajeros, que no tienen porqué sufrir las consecuencias de los problemas que surjan en otras ramas de la actividad de Renfe.

Por último, queremos recordar que desde esta publicación SIEMPRE vamos a defender el derecho a huelga de los trabajadores. En cualquier tipo de profesión. Es un derecho constitucional que ha costado mucho ganar. Pero siempre defenderemos un derecho a la huelga justo y responsable. Una prerrogativa que deja de ser tal cuando pisotea los derechos de una colectividad…

Paro injustificado en Renfe

Llega la época estival y llegan las tradicionales huelgas en aerolíneas y trenes. En la estepa del verano son las típicas noticias de las que nos solemos nutrir los medios y sin ellas las vacaciones parecerían menos vacaciones. Sin embargo, muchas de estas convocatorias de paro son increíblemente absurdas. Es el caso de la que van a llevar a cabo los trabajadores de Renfe entre los días 12 y 15 de julio. El motivo: la disgregación del negocio de carga de la operadora que hace poco propuso el presidente del Gobierno.

Para empezar, desde aquí queremos dejar bien claro que defendemos el derecho a la huelga (aunque, en casos como este, sea por un sinsentido). Lo que no vamos a defender nunca es que se utilice a los viajeros como rehenes y que a través de los mismos se pretenda ejercer presión sobre el Gobierno y sobre la dirección de Renfe. Siempre pagan los mismos. Y decimos esto en un doble sentido: pagan (pagamos) el billete para desplazarse y pagan (pagamos) las consecuencias de la huelga. Ya está bien. En España hace falta una Ley de Huelga renovada que regule los paros en los servicios públicos: las condiciones que se deben dar para los mismos, los servicios mínimos, las sanciones por incumplimiento y los cauces de defensa de los usuarios ante los abusos.

Los trabajadores de las aerolíneas, los ferrocarriles, el metro, los autobuses… Todos prestan un servicio público. Cuando ingresan en estos trabajos deben saber a lo que se atienen. Y deben saber que no todo vale. Porque, a lo mejor ha llegado el momento de que todos los usuarios nos pongamos en huelga un mes entero y no utilicemos los servicios ferroviarios. Si esto pasase, nos gustaría saber de dónde va a salir el dinero para pagar los salarios de estos empleados. Ya está bien.