Madrid y Barcelona: sobresaliente en transporte público

El transporte público es un elemento fundamental de las grandes ciudades que facilita la movilidad en las mismas. Sin embargo, no en todas funciona de forma adecuada. O al menos, no como esperan los usuarios. Una de las demandas de los clientes de autobuses, trenes o metros es conocer el tiempo que tardará en llegar el medio de transporte elegido. La aplicación para teléfonos inteligentes Movit, que permite conocer el estado de los transportes públicos en diferentes ciudades del mundo, ha realizado un estudio para conocer las sensaciones de los viajeros. Continuar leyendo “Madrid y Barcelona: sobresaliente en transporte público”

Los trabajadores de Metro de Madrid pierden la razón

La huelga total que los trabajadores de Metro de Madrid, y en especial el colectivo de conductores, mantiene para protestar por la bajada de un 5% en su salario es manifiestamente ilegal. Y lo es porque no respeta los servicios mínimos estipulados por la Comunidad de Madrid. Unos servicios mínimos reconocidos en el artículo 28.2 de la Constitución Española y en el artículo 37, donde también se recoge la fuerza vinculante de los convenios y la negociación colectiva.

La cuestión que no quieren ver los empleados del suburbano madrileño es que el derecho a la huelga tiene unos límites, mayores cuando se trata de un servicio público. Y las líneas rojas se encuentran en el perjuicio que pueden ocasionar a una colectividad de clientes, como está sucediendo en estos momentos, cuando millones de personas se verán afectadas por los paros salvajes del Metro de Madrid. Entre ellos turistas que se van a llevar una pésima impresión de la ciudad de Madrid y de su transporte público. Todo no vale y, precisamente por eso, existen las leyes.

Si los trabajadores de Metro quieren protestar contra el incumplimiento de su convenio colectivo tienen a su alcance vías legales, como el recurso a los tribunales. Claro, que esto lleva su tiempo y no es tan inmediato como una huelga de 24 horas, que supone una presión enorme para usuarios (trabajadores como los del Metro a fin de cuentas) y Comunidad de Madrid. Es más fácil perjudicar a dos millones de personas y usarlos de rehenes para conseguir unos objetivos, que usar las fórmulas legales que están al alcance del común de los ciudadanos, el que con sus paros no puede perjudicar a dos millones de personas.

Si los responsables de Metro de Madrid son coherentes, lo inmediato es denunciar la huelga en los tribunales por su manifiesta ilegalidad. Lo siguiente es abrir expedientes disciplinarios a los piquetes que han impedido la prestación de los servicios mínimos y a los empleados que debían cumplirlos y no lo han hecho, para acabar con un despido disciplinario. Los clientes de Metro, que pagan con sus impuestos y con la compra de billetes el buen funcionamiento del servicio, deberían exigir estos despidos y el reembolso de los viajes que no han podido disfrutar.

Este tipo de situaciones no se pueden permitir en un país con 5 millones de demandantes de empleo y una economía improductiva y sin crecimiento. Los trabajadores de Metro no son conscientes de que cuando entran a trabajar en la compañía pasan a prestar un servicio público y eso conlleva una serie de renuncias. Como sucede con los policías o los militares, profesionales que tienen el derecho a la huelga vedado. Y todo esto nos pasa por la ausencia de una Ley de Huelga.

AUMENTO DE TARIFAS PERO NO DE CALIDAD

La anunciada subida de tarifas que sufrirán los billetes de Renfe desde los primeros días de enero de 2008 se suma a la de otros transportes masivos como el Metro de Madrid o los autobuses urbanos. Ese 4% subirá conforme a la inflación registrada en el último periodo del año que nos deja. Sin embargo, los usuarios tradicionales de estos transportes públicos percibimos como los precios aumentan, pero las condiciones del transporte no mejoran. ¿A qué se destinan estos incrementos? Las distintas compañías de transporte deben dejar claro cuál es el destino de este aumento. Dejarlo claro no sólo a través de palabras y planes, sino también con acciones específicas, mostrando claras mejoras en el transporte.

De cualquier otra manera, los usuarios estaremos obligados a creer que estos aumentos se dirigen a engordar las cuentas de resultados de estas empresas de transporte colectivo. Hace seis años, justo después del 11-S, Renfe decidió añadir al precio del billete una nueva tasa de seguridad. La compañía no ha acabado de aclarar ciertamente cuál es el destino de este porcentaje que se cobra del precio (se supone que se destinará al pago del personal de seguridad, entre otros menesteres). Si embargo, en sus páginas de Internet sí aclara la obligación que tiene de cubrir a los viajeros con un seguro de responsabilidad civil por los daños que les pueda ocasionar.

Por lo tanto, es necesario que Renfe, los metropolitanos de las distintas ciudades españolas y los servicios de autobuses detallen al máximo cuál es el destino de cada componente del precio del billete y cuál es la finalidad de subidas espectaculares en línea con el IPC cuando los salarios no contemplan este tipo de aumentos o el mismo se difiere en el tiempo. Y es que el usuario resulta penalizado doblemente: primero, por el aumento de las tarifas; y, segundo, por un servicio que en muchas ocasiones deja bastante que desear.