Por qué regular y limitar a Google

La empresa del buscador se ha convertido en un gigante que impide el acceso igualitario a la información y las oportunidades de realizar negocio.

Por qué hay que regular y limitar a Google

Google, a través de su buscador, es una pieza esencial en todo el ecosistema de Internet. En determinadas regiones geográficas del mundo es el buscador más utilizado por los internautas. Si consideramos Internet como un servicio esencial de información, al alcance de cualquiera y de acceso barato, Google debe verse como un gran distribuidor de visitas a los billones de webs que existen en Internet. Y esta conclusión debe llevar a la regulación de su actividad, como se hace con las compañías eléctricas, por ejemplo.

Si analizamos a Google desde la perspectiva filantrópica que vende la empresa (“organizar la información del mundo y hacer que sea útil y accesible para todos”), perderemos el foco. Google es un negocio y se creó para ganar dinero aprovechando un ecosistema (el de Internet) que nació con fines altruistas de intercambio de información. No es malo querer ganar dinero en una economía capitalista, los problemas empiezan cuando se hace con el trabajo de los demás. Y eso es lo que consigue Google, buscador que usa el 92% de los usuarios de Internet de todo el mundo, según Statcounter (Netmarket Share le da un 82%). No olvidemos que Google no son cuatro jóvenes con ideas geniales detrás de un ordenador. En el capital de Alphabet, la multinacional que agrupa todos los productos y marcas Google, se encuentran grandes inversores que buscan rentabilidad para su dinero a toda costa, así como directivos cuyo único fin es conseguir este objetivo. La gestión ética de la información les importa poco y sólo la ven como un negocio milmillonario. Y les importa menos las oportunidades de negocio de los demás, que también pueden ser su competencia.

Un reciente análisis ha identificado que el 55% de las búsquedas realizadas en Google acaban en resultados que no producen clics a ninguna web de tercero o bien redirigen a los productos del propio Google. El buscador se lo guisa y se lo come; pero Google cocina con la comida que consiguen los demás. En primer lugar, porque los resultados que generan cero clics, y responden a la consulta del usuario, son posibles por el contenido creado por otras empresas o usuarios. Google lo utiliza, lo posiciona y se queda con la visita, limitando que el productor del contenido capte un usuario/visitante/cliente; por lo tanto, limitando su oportunidad de negocio. En segundo lugar, porque si una empresa quiere evitar esto debe invertir altas cantidades de dinero en anuncios de Google, que siguen alimentando a la bestia. Y así, el círculo se cierra de forma perfecta.

El mundo de los viajes es un ejemplo evidente. Hace unos años Google inició su estrategia para crear un comparador de vuelos (Google Flights) y otro de hoteles. Hoy los ha unido en Google Trips y la empresa californiana permite organizar viajes y realizar reservas. El discurso público de Google siempre ha sido que no se convertirá en agencia de viajes y que no intermediará en la venta, pero los hechos se acumulan uno tras otro. Pobres de los que piensen que Google no entrará en el multimillonario negocio de la venta de viajes y actividades en Internet. Metabuscadores como Trivago, Skyscanner o Kayak ya han sentido las dentelladas de la bestia californiana. Cuándo le llegará el turno a las grandes agencias de viajes on line, uno de los principales anunciantes en Google, está por ver.

Internet es acceso a la información

Parece claro que Google ejerce una actividad monopolística que debe ser limitada y regulada por los Gobiernos, puesto que afecta al acceso libre y en igualdad de condiciones a la información. Cada día, el buscador estadounidense gestiona miles de millones de búsquedas y, a pesar de ello, es la empresa menos transparente en lo que a datos se refiere. Nadie sabe cuántas consultas procesa, sobre qué temas, cuántos clics redirige, hacía qué tipo de enlaces (orgánicos o de pago) y muchas otras variables que afectan a los creadores de contenidos. La compañía sólo da datos agregados o de tendencia, muchas veces con meses o semanas de retraso. Por no hablar de su famoso algoritmo, un secreto al mismo nivel que el de la Coca Cola. Muy pocas personas conocen con exactitud cómo trabaja esta fórmula mágica que determina el orden de las páginas web en los resultados de búsqueda y las opciones de elegir qué tipo de información consume el internauta.

Google se ha convertido en el gran acaparador y difusor

El acceso a Internet es acceso a la información. Y este acceso debe ser libre y sin impedimentos, en igualdad de condiciones. Mientras Google fue un buscador entre muchos otros (Yahoo, MSN Search [después Bing], etcétera) la libre competencia propiciaba que ninguno limitase el acceso a la información. Cuando Google se ha convertido en el gran acaparador y difusor, la empresa ha dado pasos para aprovechar económicamente su posición de dominio. El artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que “toda  persona  tiene  derecho  a  la  libertad  de  expresión” y que este derecho “comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras”. Google no es una autoridad pública, sometida a control y transparencia, pero sí gestiona una libertad pública, que es el acceso libre a la información, por lo que esta normativa, asumida por las principales democracias del mundo, debe aplicársele.

Nos parece adecuado que se impongan a Google obligaciones de servicio público con las que se garanticen la transparencia de su funcionamiento, su previsibilidad y la igualdad de oportunidades para el resto de creadores de contenido. Puede parecer una aspiración intervencionista, pero el enfoque de estas limitaciones debe garantizar el acceso a un derecho básico, que es el de la información. Por ello la legislación debe respetar los principios constitucionales de todos los países que han firmado el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 19 también traslada el derecho de difundir y acceder libremente a la información.

Proteger los derechos de autor

Asimismo nos parecen acertados los artículos 11 y 13 de la nueva Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital, que el Parlamento europeo aprobó hace unos meses. En una campaña de marketing y lobby sin precedentes, Google movilizó a decenas de youtubers y blogueros para que “informasen” al mundo de que estos dos artículos limitaban la libertad de expresión. Falso y mentira. Google, sin decirlo, considera que los contenidos y el trabajo de los creadores tiene un valor cercano a cero. Pero, por otro lado, la empresa de Silicon Valley hace negocio con esos contenidos a través de la publicidad. El objetivo de la nueva Directiva es conseguir que el creador de los contenidos, que tiene unos derechos de explotación y difusión sobre los mismos, se vea remunerado por el uso económico que buscadores como Google realizan de los mismos. Un ejemplo bastará para entenderlo: el algoritmo de Google está protegido por la propiedad industrial, ¿regalaría Google su algoritmo, en el que ha invertido millones de dólares, para que cualquiera lo explote económicamente sin cederle parte de los ingresos? Está claro que no.

La libertad de expresión le importa poco a Google y en su campaña usó a tontos útiles (youtubers con millones de seguidores) con el fin de defender su milmillonario negocio a costa de los contenidos que producen los demás. La Directiva ni prohíbe la cita (y enlace) de contenidos en Internet ni su difusión compartiendo sus enlaces ni la opinión sobre los mismos, como se ha repetido hasta la saciedad en blogs, vídeos y otros medios de propaganda. Lo que la Directiva limita es el pirateo de contenidos digitales, la difusión completa de los mismos sin remunerar a su creador.

Google domina los negocios

El control que ejerce Google sobre la información en Internet no sólo afecta al derecho constitucional de acceso a la misma. También, al principio de libertad de competencia, puesto que todas las empresas que operan en Internet, del tipo que sean, dependen del buscador para que los internautas les encuentren y así recibir visitas. Si el sistema está trucado, con un único operador que determina las reglas del juego, en la mayoría de las ocasiones poco claras, es imposible desarrollar una actividad de negocio verdaderamente libre y competitiva. Y esto afecta a todos: ciudadanos, empresas y gobiernos.