El turismo y los derechos fundamentales tras el Covid-19

Desde hace semanas, analistas y políticos han empezado a repetir un mantra: hay que acostumbrarse a perder libertades.

Muy pocas cuestiones volverán a ser igual tras la primera ola de coronavirus Covid-19. La pandemia, que se inició en China y ya afecta a todo el mundo, se ha aprovechado de los pilares que sostienen el negocio turístico para expandirse. Primero, los millones de vuelos (y pasajeros), junto a barcos de cruceros habilitados para más de 2.000 personas, que se mueven cada día por el globo. Segundo, y en íntima relación con el punto anterior, el abaratamiento de los viajes. El negocio turístico va a sufrir un cambio radical en su modelo, fundamentado en el volumen, pero es más importante la modificación que se ha producido en las libertades civiles que disfrutábamos hasta ahora y que dábamos por eternas en Occidente.

Los medios de comunicación y algunos políticos ya han empezado a enviar mensajes sobre las restricciones que viviremos cuando se levanten las medidas de confinamiento. En lo que respecta al turismo y la movilidad, Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, ha asegurado en una entrevista con el diario El País que cuando se permita la llegada de turistas internacionales, habrá que asegurar

“que la persona que venga a España sea una persona segura”

Es decir, una persona no infectada y con capacidad de infectar. La ministra ha dejado otras perlas que dibujan el futuro que nos espera:

“sobre cómo se va a poder disfrutar de nuestras playas, estamos definiendo distintos escenarios. Es muy importante que se mantengan las recomendaciones sanitarias, vamos a tener que interiorizar lo que ya estamos haciendo ahora, el lavado de manos, el distanciamiento social… Incluso en las playas”

Y otra más:

“las aglomeraciones van a tener limitaciones para mantener la distancia de seguridad. No vamos a poder comprar igual, en los espacios de trabajo vamos a tener que convivir con distancias de seguridad”

De todo ello se concluyen tres aspectos relevantes para el turismo. Uno: es muy probable que el Gobierno español (y seguramente el resto de la Unión Europea) establezca sistemas de control de salud para aquellos viajeros que entren en el país. Aún debemos saber qué tipo de controles se fijan: si son de temperatura con cámaras infrarrojas o de otro tipo. Y también queda por conocer qué le sucederá a aquel viajero que se considere infectado. ¿Se le devolverá al país de origen? ¿Pasará la cuarentena en España? Cualquier opción implica lesionar derechos fundamentales usando como argumento la protección de la salud pública que, hay que recordarlo, no tiene la categoría de derecho fundamental en nuestra Constitución.

Dos, con respecto a las playas, habrá que mantener una distancia social que, como mínimo, será de 2 metros, a tenor de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ya hay estudios que indican que las medidas de distanciamiento social se deberán mantener hasta 2022 y que el virus puede resurgir en determinadas épocas del año hasta 2024. Tendremos que ver cómo se controlará esta imposición. En cualquier caso, destinos de playa saturados, como Benidorm o Ibiza, o cualquier otro del Mar Mediterráneo y de los dos archipiélagos, puede poner sus barbas a remojar. Ahora están en la obligación de modificar su modelo turístico para pasar del volumen a la calidad. Los hoteleros de estas zonas de gran afluencia también pueden ir preparando sus empresas para la reconversión o, peor, el cierre. Y las economías de destinos absolutamente dependientes del turismo, como las Islas Canarias, se pueden ver muy deprimidas si la actividad turística se reduce considerablemente.

Tres: restaurantes y centros comerciales, también muy relacionados con el turismo, lo van a tener difícil para rentabilizar sus espacios y servicios, ya que sus clientes deberán guardar las distancias de seguridad, lo que afectará a su aforo y a sus ingresos.

Se avecinan tiempos complejos para el negocio turístico tras nueve años de crecimiento imparable. Las empresas que dependen del volumen de clientes, como aerolíneas, hoteles, restaurantes y bares, y que dispongan de cuentas menos saneadas, se verán obligadas a cerrar. Y ello conllevará pérdida de empleos y aumento en el número de parados. Imaginemos un avión en el que, como ya están realizando algunas aerolíneas, sea obligatorio dejar dos o tres asientos libres entre pasajeros para garantizar la distancia de seguridad. Esto puede implicar la pérdida de casi dos tercios del pasaje. Y eso significa no rentabilizar cada vuelo, que ya de por sí opera con márgenes de beneficio muy estrechos. En los hoteles pasará algo similar, no tanto en las habitaciones, que son espacios aislados, pero sí en las zonas comunes, como piscinas o salones. Idéntica cuestión para los restaurantes o bares, que tienen su número de mesas ajustadas a sus opciones de servicio. La reducción de aforo puede hacer que muchos de estos negocios no sean rentables.

Como la economía es un “organismo” con múltiples interconexiones, las empresas intermediarias también se verán afectadas. Por ejemplo, las compañías que desarrollan soluciones de reservas, como Amadeus, que ya se ha recapitalizado con 1.500 millones en previsión de la crisis que sacudirá el sector de las aerolíneas y agencias de viajes. También se verán impactadas plataformas como El Tenedor, cuyo negocio es intermediar en las reservas de mesa en restaurantes. Si éstas se reducen, su viabilidad se puede ver comprometida.

Cambio en los derechos fundamentales

Pero más allá del negocio existe una cuestión que debe preocuparnos más como individuos y sociedad: la erosión de nuestros derechos individuales. Ya estamos padeciendo un avance en el recorte de libertades con la restricción de salidas de nuestros domicilios y también de movimientos. A la hora de acudir a la compra se debe respetar la distancia con los demás, a no ser que queramos ser denunciados o abroncados por el personal de seguridad. Las declaraciones de la ministra Maroto apuntan a que se verificará la salud de los viajeros, lo que lesionará el derecho a la intimidad, como ya sucedió con minuciosos registros corporales en los aeropuertos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Y también parece que durante meses continuarán las restricciones de movimientos, lo que afecta directamente a la libertad deambulatoria.

Por otro lado, los gobiernos, ayudados por las grandes multinacionales tecnológicas, ya están pensando y creando aplicaciones en las que se almacenarán, transmitirán y tratarán nuestros datos médicos e incluso se nos podrá geolocalizar. Y todo ello se nos está vendiendo como medidas necesarias para garantizar nuestra salud y seguridad. Lo mismo pasó tras el 11-S. De esta manera se ha invertido la lógica del presupuesto: para mantener la salud y la seguridad es necesario que antes existan libertades públicas y privadas. Nunca al revés. Las sociedades democráticas que pretendan evolucionar social y económicamente requieren, de forma inexcusable, del control al Gobierno y su actividad, la división de poderes y el control por el ciudadano de su vida íntima. Bienvenidos a la nueva década de los años 20.