Trampas para resucitar a Alitalia

No debería extrañarnos que Berlusconi se disponga a cambiar la ley para salvar a Alitalia. Ya lo ha hecho en otras ocasiones y nadie ha podido pararle. Es el uso de la democracia con fines instrumentales. Que en Italia no se puedan parar los desmanes del Cavaliere ya es preocupante, pero que no se le paren los pies en Europa es inaceptable. La Comisión Europea debe vigilar de cerca, y anular si es necesario, el proceso que ha iniciado Berlusconi para sacar a Alitalia del agujero negro en el que se encuentra y, además, “fusionarla” con Air One. Se propone cambiar la ley de quiebras y preceptos de la ley antimonopolio, no con unos fines de justicia universal (propósito fundamental de las leyes en democracia), sino para una situación concreta.

Con ello afectará a la competencia dentro del propio mercado italiano, ya que esta medida se hará en detrimento de otras aerolíneas que trabajan en Italia y deben hacer frente a los vaivenes del precio del petróleo, las subidas (o bajadas de tarifas) y un sin fin más de variables. Y nadie las ayuda. Por otro lado, las firmas aéreas europeas también verán limitada su libertad de competencia. ¿Cómo se puede competir con una empresa que ha recibido subvenciones del Estado y para la que ahora se modifica la ley por su supervivencia? Lo único que se consigue con ello es crear una situación artificial de mercado.

No defendemos la desaparición de Alitalia, ni mucho menos. Lo que defendemos es que las cosas se hagan bien, dentro de la ley (concepto que Berlusconi no entenderá nunca) y de las reglas del mercado, que pueden ser mejorables, pero que han de cumplir todos sus actores. Y es que, si nosotros fuésemos una aerolínea italiana de la competencia, estaríamos un poco preocupados. Según el diario Il Sole 24 Ore, la compañía resultante tendrá una cuota de mercado del 56%, facturará 5.000 millones de euros y obtendrá beneficios por valor de 250 millones.

Los portátiles no tienen presunción de inocencia en EEUU

La paranoia de las autoridades estadounidenses no tiene límite. El pasado viernes el diario The Whasington Post (también Vía Gatling) publicaba un artículo en el que explicaba que en virtud de una nueva normativa, las autoridades de inmigración de los aeropuertos norteamericanos pueden requisar cualquier aparato electrónico susceptible de almacenar contenidos. Es decir, que los “amables” señores que nos encontramos en las aduanas estadounidenses pueden requisarnos nuestro portátil, teléfono móvil, pendrive, tarjeta de memoria… para investigar cuál es su contenido, hacer copias del mismo, estudiarlo e incluso compartirlo con otras autoridades federales. Por si somos delincuentes o terroristas.

Si esto fuera poca intromisión, para que nos requisen el aparato no es necesario que estemos en una situación sospechosa. Lo pueden hacer a su libre arbitrio. Y, además, no lo tienen porqué devolver en el acto. Otra muesca más en la lista de derechos pisoteados por parte de las autoridades norteamericanas en pro de una supuesta seguridad.

Lo más impresionante del tema es que nadie ha protestado por estos abusos. Excepto, claro está, las muy activas asociaciones de derechos civiles estadounidenses y algunos grupos de viajeros, que al final lograron que estas políticas se publicasen, ya que llevaban activas desde el 16 e julio. Y es que a algunos se les puso “la mosca detrás de la oreja” cuando en diferentes sitios se denunció que los agentes de inmigración requisaban portátiles, móviles, etcétera.

Es una política interna de los Estados Unidos, pero que pisotea los derechos más fundamentales a la intimidad, el honor y a la no discriminación, ya que muchas requisas se realizarán por cuestiones étnicas… Como mínimo, la Unión Europea debería elevar una queja formal a las autoridades norteamericanas, aunque sirva de poco. En cualquier caso: avisados estamos.

Un verano más… tirados en Barajas

Otra vez en verano la vergüenza de las aerolíneas. O, más concretamente, la desvergüenza de algunas que no dudan en dejar tirado a un pasaje entero durante dos días en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Nos referimos a la compañía Air Comet, propiedad del grupo Marsans, que últimamente también ha sido noticia por la venta de Aerolíneas Argentinas. Es impresionante ver cómo con argumentos tan enclenques como los tan manidos “fallos mecánicos” se puede cancelar el vuelo de unas personas y despreocuparse por ellas. Air Comet y sus responsables no tienen perdón, lo decimos bien alto y claro. Lo que la aerolínea debía haber hecho es coger a todos los pasajeros y ofrecerles otro vuelo a su destino en el menor plazo de tiempo posible. Pero, en vez de eso, han optado por dejar a los viajeros a su suerte en el Aeropuerto de Barajas, reaccionar tarde ofreciéndoles un hotel y esperar a que llegase un vuelo de Air Comet desde Buenos Aires para operar el que tuvo que ser suspendido. De vergüenza y, encima, lo realiza una aerolínea española.

Suele ser en verano cuando más afloran estos problemas y cuando se demuestra que vivimos en una república bananera. Por mucho que se esfuerce el Ministerio de Fomento en renovar su web para informar a los viajeros (noticia), ¿de qué le sirve a un pasajero que se queda en bragas ante esta situación? El afectado sólo tiene el recurso de la reclamación, que no suele llegar a ningún sitio. Eso y poner una gran sonrisa a la espera de que le trasladen en otro vuelo.

La actuación de la administración española en estos casos es nula. El permiso para operar vuelos en territorio español es un tema potestativo del Estado, quien da una autorización a las aerolíneas para que lo exploten comercialmente. Para llegar a esto, la firma en cuestión debe pasar una serie de controles y cumplir un conjunto de requisitos. La Dirección General de Aviación Civil se encarga de controlar estas cuestiones. ¿Se le realizará una investigación a Air Comet? Deberían: no es el primer incidente de este tipo y además se han alegado problemas mecánicos en el aparato para no despegar. Pero lo más seguro es que Aviación Civil no haga nada…

Con ello se contribuye a dar pie al fantasma de la permisividad que ya apreció con el caso Air Madrid, cuando se supo que la compañía estuvo volando mucho tiempo sin haber pasado todos los controles de seguridad. Y es que, hilando, a uno no le extraña que sucedan estas cosas cuando se entera de que en muchas aerolíneas algunos de sus ejecutivos han desempeñado cargos en la Dirección General de Aviación Civil, donde han dejado muchos amigos. Eso sí, al cliente que le zurzan, por no emplear una palabra más rotunda.

Abusos en el transporte del equipaje

La ley es muy clara: “El transportista estará obligado a transportar juntamente con los viajeros, y dentro del precio del billete, el equipaje, con los límites de peso y volumen que fijen los Reglamentos. El exceso será objeto de estipulación especial”. El equipaje propiamente dicho, y no el exceso, no debe cobrarse en la facturación al cliente. Esta es una práctica que se ha mantenido durante años, pero en los últimos tiempos algunas aerolíneas (fundamentalmente de bajo coste) están incumpliendo la normativa.

Las acciones de entidades como Facua o la Comunidad de Madrid nos parecen loables, y cumplen perfectamente con su función de evitar abusos de los que muchas veces los pasajeros no tienen conocimiento. Sin embargo, no es menos cierto que el precepto que regula la facturación del equipaje se encuentra en una ley de hace 48 años, cuando el transporte aéreo no tenía absolutamente nada que ver con el que se realiza hoy en día.

Las firmas aéreas, aún a riesgo de incumplir la ley, han visto en el cobro del equipaje una forma de diversificar sus ingresos en un mercado de transporte masificado. Sería bueno plantearse, desde un punto de vista objetivo, si el traslado del equipaje del viajero debe considerarse como un servicio por el que pagar. Y, si se llega a esta conclusión, habría que habilitar unos mecanismos de defensa por parte del consumidor con los que pueda denunciar los extravíos de sus maletas y reclamar de una forma efectiva indemnizaciones a las compañías aéreas. En pocas palabras: un sistema sancionador que funcione y que dé al viajero el protagonismo para exigir el cumplimiento de sus derechos.

El ‘todo vale’ legal de las ‘low cost’

Hay que acabar definitivamente con los abusos de las compañías de bajo coste. Abusos permitidos por la ley, que ya tiene bemoles. El Parlamento Europeo ha dado un gran paso al exigir a todas las aerolíneas la inclusión en los precios que publiciten de todas las tasas y cargos aplicables, con el objetivo de no engañar al consumidor. Sin embargo, en la cuestión de los vuelos cancelados, aún queda mucho por hacer.

El reglamento 261/2004 de la Unión Europea, que regula los derechos de los pasajeros, garantiza que si una compañía aérea suspende un vuelo, la firma debe reubicar a los afectados en otro que tenga igual destino, proporcionarles alojamiento y una indemnización, entre otros derechos. Excepto para los billetes con precio reducido. Aquí está el tecnicismo legal que usan ciertas líneas de bajo coste para anular vuelos sin previo aviso y sin hacerse cargo de los pasajeros afectados. Toda una vergüenza cuya corrección debe instar la Dirección General de Aviación Civil, responsable del cumplimiento de este reglamento.

De esta forma, casos recientes como los de Easyjet no sucederían, al menos no dejarían desprotegidas a personas que han hecho una serie de planes contando con un vuelo que nunca existió.