Los trabajadores de Metro de Madrid pierden la razón

La huelga total que los trabajadores de Metro de Madrid, y en especial el colectivo de conductores, mantiene para protestar por la bajada de un 5% en su salario es manifiestamente ilegal. Y lo es porque no respeta los servicios mínimos estipulados por la Comunidad de Madrid. Unos servicios mínimos reconocidos en el artículo 28.2 de la Constitución Española y en el artículo 37, donde también se recoge la fuerza vinculante de los convenios y la negociación colectiva.

La cuestión que no quieren ver los empleados del suburbano madrileño es que el derecho a la huelga tiene unos límites, mayores cuando se trata de un servicio público. Y las líneas rojas se encuentran en el perjuicio que pueden ocasionar a una colectividad de clientes, como está sucediendo en estos momentos, cuando millones de personas se verán afectadas por los paros salvajes del Metro de Madrid. Entre ellos turistas que se van a llevar una pésima impresión de la ciudad de Madrid y de su transporte público. Todo no vale y, precisamente por eso, existen las leyes.

Si los trabajadores de Metro quieren protestar contra el incumplimiento de su convenio colectivo tienen a su alcance vías legales, como el recurso a los tribunales. Claro, que esto lleva su tiempo y no es tan inmediato como una huelga de 24 horas, que supone una presión enorme para usuarios (trabajadores como los del Metro a fin de cuentas) y Comunidad de Madrid. Es más fácil perjudicar a dos millones de personas y usarlos de rehenes para conseguir unos objetivos, que usar las fórmulas legales que están al alcance del común de los ciudadanos, el que con sus paros no puede perjudicar a dos millones de personas.

Si los responsables de Metro de Madrid son coherentes, lo inmediato es denunciar la huelga en los tribunales por su manifiesta ilegalidad. Lo siguiente es abrir expedientes disciplinarios a los piquetes que han impedido la prestación de los servicios mínimos y a los empleados que debían cumplirlos y no lo han hecho, para acabar con un despido disciplinario. Los clientes de Metro, que pagan con sus impuestos y con la compra de billetes el buen funcionamiento del servicio, deberían exigir estos despidos y el reembolso de los viajes que no han podido disfrutar.

Este tipo de situaciones no se pueden permitir en un país con 5 millones de demandantes de empleo y una economía improductiva y sin crecimiento. Los trabajadores de Metro no son conscientes de que cuando entran a trabajar en la compañía pasan a prestar un servicio público y eso conlleva una serie de renuncias. Como sucede con los policías o los militares, profesionales que tienen el derecho a la huelga vedado. Y todo esto nos pasa por la ausencia de una Ley de Huelga.

La desfachatez de algunos controladores aéreos

Este medio no se va a vender ante nadie ni va a ceder ante las amenazas de ningún colectivo. La idea que nos guía es la defensa de los intereses y los derechos de los viajeros, verdaderos motores del turismo. Son ellos quienes dar de comer a las empresas del sector, a los aeropuertos y al personal que trabaja en los mismos. Decimos todo esto porque nos parecen inauditas las declaraciones que Juan María García Gil, presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca), hacía en la edición dominical del diario El Mundo. “Somos el único colectivo capaz de derrocar a un gobierno”, así se despachaba García, recordando al Ejecutivo que una huelga de controladores “puede desestabilizar a cualquier país” y terminar con “cualquier Gobierno”.

Es impresionante que cosas como esta se puedan decir tan a la ligera en nuestro país sin que pase absolutamente nada. Después de dos meses en los que miles de viajeros de Iberia se han visto perjudicados por una supuesta “huelga de celo”, después de una nevada que paralizó el Aeropuerto de Barajas dejando a otros miles de personas varados en una situación tercermundista, aparece esto. Indigna pensar que se quiera abusar del derecho constitucional a la huelga para presionar no sólo a un Gobierno, sino a toda la sociedad. Tal prostitución de un derecho fundamental sólo es posible porque no existe una regulación legal del mismo (sólo un real decreto ley de 1977) que ponga coto a los aires divinos que se dan ciertos colectivos que controlan servicios públicos (y el aeronáutico lo es, por mucho que se empeñen algunos en negarlo). Ciertas personas creen que tener derecho significa hacer lo que nos venga en gana y se olvidan de que cada derecho implica una obligación.

Como siempre, el pasajero que paga religiosamente sus impuestos, sus tasas de aeropuerto, sus cargos de gestión y las tarifas por billetes aéreos, también paga la falta de consciencia y los privilegios de unos pocos. Y así, en nuestro querido país, se seguirán repitiendo escenas como la de los días pasados. Hombres, mujeres y niños tirados, hacinados y olvidados en un aeropuerto de un país de la Unión Europea. No nos extraña que los franceses piensen que Europa empieza en los Pirineos, al final van a tener razón.

Alabamos la actitud de la OCU de querellarse contra AENA e Iberia. SE NECESITA UNA LEY DE HUELGA que regule servicios mínimos en actividades públicas. Se necesita ya, sin más dilación. Hay que acabar con los privilegios de unos pocos que pueden poner en jaque no sólo a un Gobierno, sino a una sociedad y a todo un sistema constitucional. Ya está bien de tanta tontería y amenaza, preocupémonos de la que tenemos encima.

Actualización (15/01/2009): La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) nos ha remitido una nota que hizo pública el día que apareció la entrevista de su presidente y que reproducimos a continuación.

  • “El titular y cabecera informativa de la entrevista no responden al contenido expresado en la misma como se puede comprobar leyendo el resto del texto de la respuesta del que se ha entresacado el titular.
  • La referencia histórica a las palabras de Jimmy Carter tenía como único propósito ilustrar la importancia del servicio que se presta por nuestra profesión y nuestra responsabilidad en el ejercicio del mismo, permaneciendo al margen de cualquier significación política. En ningún caso se puede tomar esa referencia como advertencia o amenaza hacia nadie sino como reflexión de la conciencia que este colectivo tiene del servicio que presta y su compromiso de responsabilidad en la cadena de la seguridad aérea y de servicio público esencial.
  • USCA lamenta enormemente el uso tendencioso de la entrevista concedida y de la información imprecisa, inexacta e incompleta relativa a nuestro colectivo que se acompaña en páginas adyacentes.”

Trampas para resucitar a Alitalia

No debería extrañarnos que Berlusconi se disponga a cambiar la ley para salvar a Alitalia. Ya lo ha hecho en otras ocasiones y nadie ha podido pararle. Es el uso de la democracia con fines instrumentales. Que en Italia no se puedan parar los desmanes del Cavaliere ya es preocupante, pero que no se le paren los pies en Europa es inaceptable. La Comisión Europea debe vigilar de cerca, y anular si es necesario, el proceso que ha iniciado Berlusconi para sacar a Alitalia del agujero negro en el que se encuentra y, además, “fusionarla” con Air One. Se propone cambiar la ley de quiebras y preceptos de la ley antimonopolio, no con unos fines de justicia universal (propósito fundamental de las leyes en democracia), sino para una situación concreta.

Con ello afectará a la competencia dentro del propio mercado italiano, ya que esta medida se hará en detrimento de otras aerolíneas que trabajan en Italia y deben hacer frente a los vaivenes del precio del petróleo, las subidas (o bajadas de tarifas) y un sin fin más de variables. Y nadie las ayuda. Por otro lado, las firmas aéreas europeas también verán limitada su libertad de competencia. ¿Cómo se puede competir con una empresa que ha recibido subvenciones del Estado y para la que ahora se modifica la ley por su supervivencia? Lo único que se consigue con ello es crear una situación artificial de mercado.

No defendemos la desaparición de Alitalia, ni mucho menos. Lo que defendemos es que las cosas se hagan bien, dentro de la ley (concepto que Berlusconi no entenderá nunca) y de las reglas del mercado, que pueden ser mejorables, pero que han de cumplir todos sus actores. Y es que, si nosotros fuésemos una aerolínea italiana de la competencia, estaríamos un poco preocupados. Según el diario Il Sole 24 Ore, la compañía resultante tendrá una cuota de mercado del 56%, facturará 5.000 millones de euros y obtendrá beneficios por valor de 250 millones.

Los portátiles no tienen presunción de inocencia en EEUU

La paranoia de las autoridades estadounidenses no tiene límite. El pasado viernes el diario The Whasington Post (también Vía Gatling) publicaba un artículo en el que explicaba que en virtud de una nueva normativa, las autoridades de inmigración de los aeropuertos norteamericanos pueden requisar cualquier aparato electrónico susceptible de almacenar contenidos. Es decir, que los “amables” señores que nos encontramos en las aduanas estadounidenses pueden requisarnos nuestro portátil, teléfono móvil, pendrive, tarjeta de memoria… para investigar cuál es su contenido, hacer copias del mismo, estudiarlo e incluso compartirlo con otras autoridades federales. Por si somos delincuentes o terroristas.

Si esto fuera poca intromisión, para que nos requisen el aparato no es necesario que estemos en una situación sospechosa. Lo pueden hacer a su libre arbitrio. Y, además, no lo tienen porqué devolver en el acto. Otra muesca más en la lista de derechos pisoteados por parte de las autoridades norteamericanas en pro de una supuesta seguridad.

Lo más impresionante del tema es que nadie ha protestado por estos abusos. Excepto, claro está, las muy activas asociaciones de derechos civiles estadounidenses y algunos grupos de viajeros, que al final lograron que estas políticas se publicasen, ya que llevaban activas desde el 16 e julio. Y es que a algunos se les puso “la mosca detrás de la oreja” cuando en diferentes sitios se denunció que los agentes de inmigración requisaban portátiles, móviles, etcétera.

Es una política interna de los Estados Unidos, pero que pisotea los derechos más fundamentales a la intimidad, el honor y a la no discriminación, ya que muchas requisas se realizarán por cuestiones étnicas… Como mínimo, la Unión Europea debería elevar una queja formal a las autoridades norteamericanas, aunque sirva de poco. En cualquier caso: avisados estamos.

Abusos en el transporte del equipaje

La ley es muy clara: “El transportista estará obligado a transportar juntamente con los viajeros, y dentro del precio del billete, el equipaje, con los límites de peso y volumen que fijen los Reglamentos. El exceso será objeto de estipulación especial”. El equipaje propiamente dicho, y no el exceso, no debe cobrarse en la facturación al cliente. Esta es una práctica que se ha mantenido durante años, pero en los últimos tiempos algunas aerolíneas (fundamentalmente de bajo coste) están incumpliendo la normativa.

Las acciones de entidades como Facua o la Comunidad de Madrid nos parecen loables, y cumplen perfectamente con su función de evitar abusos de los que muchas veces los pasajeros no tienen conocimiento. Sin embargo, no es menos cierto que el precepto que regula la facturación del equipaje se encuentra en una ley de hace 48 años, cuando el transporte aéreo no tenía absolutamente nada que ver con el que se realiza hoy en día.

Las firmas aéreas, aún a riesgo de incumplir la ley, han visto en el cobro del equipaje una forma de diversificar sus ingresos en un mercado de transporte masificado. Sería bueno plantearse, desde un punto de vista objetivo, si el traslado del equipaje del viajero debe considerarse como un servicio por el que pagar. Y, si se llega a esta conclusión, habría que habilitar unos mecanismos de defensa por parte del consumidor con los que pueda denunciar los extravíos de sus maletas y reclamar de una forma efectiva indemnizaciones a las compañías aéreas. En pocas palabras: un sistema sancionador que funcione y que dé al viajero el protagonismo para exigir el cumplimiento de sus derechos.