Paro injustificado en Renfe

Llega la época estival y llegan las tradicionales huelgas en aerolíneas y trenes. En la estepa del verano son las típicas noticias de las que nos solemos nutrir los medios y sin ellas las vacaciones parecerían menos vacaciones. Sin embargo, muchas de estas convocatorias de paro son increíblemente absurdas. Es el caso de la que van a llevar a cabo los trabajadores de Renfe entre los días 12 y 15 de julio. El motivo: la disgregación del negocio de carga de la operadora que hace poco propuso el presidente del Gobierno.

Para empezar, desde aquí queremos dejar bien claro que defendemos el derecho a la huelga (aunque, en casos como este, sea por un sinsentido). Lo que no vamos a defender nunca es que se utilice a los viajeros como rehenes y que a través de los mismos se pretenda ejercer presión sobre el Gobierno y sobre la dirección de Renfe. Siempre pagan los mismos. Y decimos esto en un doble sentido: pagan (pagamos) el billete para desplazarse y pagan (pagamos) las consecuencias de la huelga. Ya está bien. En España hace falta una Ley de Huelga renovada que regule los paros en los servicios públicos: las condiciones que se deben dar para los mismos, los servicios mínimos, las sanciones por incumplimiento y los cauces de defensa de los usuarios ante los abusos.

Los trabajadores de las aerolíneas, los ferrocarriles, el metro, los autobuses… Todos prestan un servicio público. Cuando ingresan en estos trabajos deben saber a lo que se atienen. Y deben saber que no todo vale. Porque, a lo mejor ha llegado el momento de que todos los usuarios nos pongamos en huelga un mes entero y no utilicemos los servicios ferroviarios. Si esto pasase, nos gustaría saber de dónde va a salir el dinero para pagar los salarios de estos empleados. Ya está bien.

AUMENTO DE TARIFAS PERO NO DE CALIDAD

La anunciada subida de tarifas que sufrirán los billetes de Renfe desde los primeros días de enero de 2008 se suma a la de otros transportes masivos como el Metro de Madrid o los autobuses urbanos. Ese 4% subirá conforme a la inflación registrada en el último periodo del año que nos deja. Sin embargo, los usuarios tradicionales de estos transportes públicos percibimos como los precios aumentan, pero las condiciones del transporte no mejoran. ¿A qué se destinan estos incrementos? Las distintas compañías de transporte deben dejar claro cuál es el destino de este aumento. Dejarlo claro no sólo a través de palabras y planes, sino también con acciones específicas, mostrando claras mejoras en el transporte.

De cualquier otra manera, los usuarios estaremos obligados a creer que estos aumentos se dirigen a engordar las cuentas de resultados de estas empresas de transporte colectivo. Hace seis años, justo después del 11-S, Renfe decidió añadir al precio del billete una nueva tasa de seguridad. La compañía no ha acabado de aclarar ciertamente cuál es el destino de este porcentaje que se cobra del precio (se supone que se destinará al pago del personal de seguridad, entre otros menesteres). Si embargo, en sus páginas de Internet sí aclara la obligación que tiene de cubrir a los viajeros con un seguro de responsabilidad civil por los daños que les pueda ocasionar.

Por lo tanto, es necesario que Renfe, los metropolitanos de las distintas ciudades españolas y los servicios de autobuses detallen al máximo cuál es el destino de cada componente del precio del billete y cuál es la finalidad de subidas espectaculares en línea con el IPC cuando los salarios no contemplan este tipo de aumentos o el mismo se difiere en el tiempo. Y es que el usuario resulta penalizado doblemente: primero, por el aumento de las tarifas; y, segundo, por un servicio que en muchas ocasiones deja bastante que desear.